La medida del fuero común determinó el desalojo de tierras usurpadas en los ex Lotes Fiscales 55 y 14, lo que posibilita el avance en el proceso de regularización territorial y titularización de los mismos.
a Justicia Civil Ordinaria dispuso el desalojo en territorio de los ex Lotes Fiscales 55 y 14, en la causa sobre/Reivindicación, Expediente Nº 393.179/12, luego de más de 13 años de litigio. Los usurpadores se habían apoderado de una finca ubicada en el paraje denominado Hito 5 del municipio de Santa Victoria Este, colindante con la frontera con Bolivia. Además, uno de los codemandados, en el año 2021, había sido condenado en la Justicia Penal Federal por delitos vinculados al tráfico ilegal cometidos en el mismo predio.
La ejecución de la medida de desalojo ordenada por la Justicia de Salta se llevó a cabo con el auxilio de la fuerza policial, conforme fuera ordenado en el oficio judicial. Todo ello en virtud de los antecedentes del caso, la oposición realizada por parte de los demandados y la ubicación fronteriza del predio, finalmente se pudo llevar adelante la desocupación en forma voluntaria y pacífica. De esta manera, la Provincia recuperó 3.500 hectáreas usurpadas, que ahora fueron incorporadas al proceso de regularización de tierras, a favor de familias campesinas criollas, que acreditaron derechos posesorios.
Sentencia de la Corte Interamericana
Este paso esencial marca la continuidad en el compromiso por parte de la Provincia, en el cumplimiento de la decisión emitida por la la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en el caso internacional denominado “Lhaka Honhat vs Estado Argentino”; de culminar con la regularización de los ex lotes fiscales 55 y 14 a favor de sus legítimos ocupantes, es decir a favor de las comunidades indígenas y familias criollas campesinas de Santa Victoria Este.
El territorio recuperado en esta medida judicial fue entregado a familias criollas campesinas que acreditaron oportunamente sus derechos posesorios en este proceso de regularización territorial; todo ello siguiendo los lineamientos dispuestos por el comisionado para el cumplimiento del fallo, Ministro de Infraestructura a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas y titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Sergio Camacho; del Ministerio de Desarrollo Social, en su representación en terreno, el Secretario de Asuntos Indígenas Luis Gómez Almarás.
