En el Gobierno creen que el buen clima que se generó luego de la reunión entre el Presidente y el Papa no está siendo replicado con la Iglesia en el país. Cuál será la estrategia oficial para contener los reclamos.
En el Gobierno son muchos los que consideran que el buen clima que rodeó el saludo y posterior reunión del presidente Javier Milei con el Papa Francisco en el Vaticano no está siendo replicado en el vínculo de la Casa Rosada con la Iglesia en el país. Observan una serie de declaraciones críticas de los primeros pasos de las nuevas autoridades, especialmente en materia social -aunque no solo en ese aspecto- y la ausencia de una valoración del saneamiento de la política en la que está embarcado.
En la cúpula eclesiástica nacional niegan una actitud beligerante y señalan que eventuales declaraciones de estamentos del catolicismo vernáculo no deben ser tomadas como la posición oficial de la Iglesia en la Argentina. Aclaran que la única vez que hicieron un pronunciamiento crítico fue ante la interrupción del envío de alimentos a los comedores comunitarios -el nuevo gobierno había puesto en marcha una auditoría-, una situación que -dicen- de ninguna manera podían pasar por alto.
El episodio de los comedores no terminó allí. Un posterior acuerdo con Cáritas para el suministro de fondos para los comedores -que también se concretó en las iglesias evangélicas- obligó a los pocos días a la institución caritativa de la Iglesia a afirmar que, si bien valoraba la ayuda, no se iba a prestar a ser parte de una maniobra que implícitamente le atribuía al Gobierno para reemplazar la obra que en ese aspecto brindan muchos movimientos sociales.
Esta semana hubo una declaración de los obispos del noreste reunidos en Santo Tomé, Corrientes, que en la cúpula eclesiástica nacional se la ciñó a la realidad de esa región. Allí denuncian “políticas prebendarias y clientelísticas” que constituyen una afrenta a la dignidad y el hecho de que “en algunas de nuestras provincias el caudillismo es fuerte”, además de una “violencia incontrolable”, producto en buena medida del narcotráfico y las adicciones.
Por lo demás, dicen las fuentes eclesiásticas nacionales, la declaración es “muy equilibrada” porque allí se critica tanto “los sistemas estatistas y populistas” como “la apertura indiscriminada anárquica a los mercados”. Aunque también se demandan “políticas de promoción más vigorosas, que ayuden a salir de la miseria y la indigencia a grandes masas de pobres”, que consideran comprensibles ante la alta inflación y el severo ajuste.
Sin embargo, el aspecto más delicado parece ser el vinculado a la fuerte reducción del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que dispuso el gobierno tras atribuirle un manejo discrecional y poco transparente. El FISU -uno de los 29 fondos fiduciarios bajo su lupa- es gestionado por movimientos sociales, particularmente de la organización de Juan Grabois. De hecho, al frente está una dirigente de su grupo, Fernanda Miño.
