El país que fue referente de la apertura migratoria en Europa cambió drásticamente su enfoque: más de 30.000 personas deben abandonar su territorio en apenas 20 días. La nueva política generó inquietud tanto dentro como fuera de sus fronteras. ¿Qué ocurrió en tan poco tiempo?
En Europa, un país que hasta hace poco era un faro de esperanza para miles de inmigrantes dio un giro radical a su política migratoria. En un contexto de creciente tensión social y presión política, miles de personas que esperaban legalizar su situación están recibiendo órdenes de expulsión inminente.
Lo que comenzó como una promesa de integración y oportunidad se transformó en una carrera contrarreloj para no ser deportado. Muchos aún no pueden creer de qué país se trata.
El país en cuestión es Portugal, que durante años fue elogiado por su enfoque humano y abierto hacia la inmigración. El nuevo gobierno del primer ministro Luís Montenegro, perteneciente a la Alianza Democrática, eliminó el mecanismo de “manifestación de interés”, rechazando más de 30 mil solicitudes de residencia de extranjeros, y apuesta por un modelo más restrictivo.
Las personas afectadas reciben notificaciones que les otorgan solo 20 días para abandonar el territorio de forma voluntaria. De no hacerlo, serán sometidas a un proceso de expulsión coercitiva, que puede incluir la intervención directa de las fuerzas de seguridad.
Ahora, para poder residir legalmente en Portugal, los extranjeros deben contar previamente con un contrato de trabajo u oferta formal antes de entrar al país. Esto deja fuera a quienes llegaban en busca de oportunidades o estudios y confiaban en regularizar su situación desde dentro.
