Finalizada la ronda de testimoniales, este lunes está previsto que presten declaración las imputadas, quienes cumplían tareas en el dispositivo de protección “Casita Feliz”.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo, y otros ocho operadoras de la casa hogar que funcionaba en la ciudad de Salta. Todas están imputadas como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica Provincial.
Tras un cuarto intermedio, este lunes se reanudará la audiencia y según lo previsto, las nueve imputadas prestarán declaración ante el juez Leonardo Feans.
Los alegatos de las partes se producirán el próximo miércoles y se espera que el veredicto se conozca al finalizar la jornada.
La investigación de la Fiscalía inició al tomarse conocimiento de que tanto las operadoras, como la Coordinadora del hogar, que funcionaba en la zona de barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta, habrían reiterado conductas inapropiadas respecto del trato dispensado a los menores que manifestaban un “mal comportamiento”. Como método disciplinario recurrente, se habría utilizado la metodología de introducirlos de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría. Se mencionaba además, que esta medida era ordenada por la jefa del hogar.
En la acusación, el fiscal Ramos Ossorio sostiene que esta conducta desplegada por las acusadas comprometió la seguridad general del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso hacia los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, lo que constituye un quebranto a las pautas previstas.
Afirma además que, si bien no se constataron lesiones físicas en los menores, de la información brindada en forma conjunta por los niños y niñas alojados en el lugar, mediante sendas entrevistas realizadas por psicólogos y asistentes sociales de la Secretaria de Primera Infancia, así como de las entrevistas realizadas por personal del CIF durante la investigación, se evidencia violencia psicológica o moral en contra de los menores.
